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El 32% tienen deficiencias en distribución y 20% tuvieron demoras en compra de productos. ANDINA/Difusión

El 32% de los procesos de compra, almacenamiento y entrega de canastas de víveres para las familias vulnerables de 561 municipalidades supervisadas por la Contraloría no presentan ningún tipo de observación, señaló hoy el organismo de control.

Del total de municipios intervenidos en este megaoperativo de control, 91 son provinciales y 470  distritales  de todo el país.

Los hechos detectados están asociados principalmente a las deficiencias en la distribución de canastas que se presentaron en 130 municipios (23% del total), tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, personal edil sin equipos de protección, entre otros.

En segundo lugar, se ubicó la demora en los procesos para adquirir los víveres en un total de 113 municipalidades (20% del total). En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.

También se detectó que 86 municipalidades (15% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.

Otro hecho detectado por los más de 400 auditores que intervinieron en el control, fueron las deficiencias en los productos adquiridos por 33 municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones, entre otros.

El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar las deficiencias y comunicarlas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia al proceso.

 


En Lima, la labor de control de la Contraloría permitió alertar que en el distrito de San Juan de Lurigancho había 20 canastas que tenían menos productos de lo establecido, lo cual fue advertido a la municipalidad para que el proveedor cumpla con completar el contenido de dichas canastas.

Por otro lado, al momento de la visita de los auditores, el 32% (179) de municipios se encontraban en la fase de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, mientras que 15 municipalidades (3%) culminaron con la distribución de canastas de víveres.

En menor medida se detectaron casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos, la ausencia de funcionarios que imposibilitó realizar las visitas de control, proselitismo en la entrega de canastas y la entrega de canastas a familiares de autoridades y funcionarios ediles, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.

Solo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre las cuales figuran dos municipios provinciales y 48 distritales.

Al interior del país, la mayor cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (57), Puno (43), Cusco (43), Piura (39), Arequipa (38), Huancavelica (32), La Libertad (30) y Lambayeque (25).

 

También se supervisaron municipios en Amazonas (19), Ayacucho (19), Apurímac (17), Ica (17), Lima Provincias (17), Junín (16), Ancash (15), Tacna (12), Cajamarca (12), Pasco (11), Tumbes (11), Ucayali (9), Moquegua (9), Huánuco (8), Madre de Dios (8) y Loreto (4).

De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias.

Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los gobiernos locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.

Asimismo, los auditores de la Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema Nacional de Control.


En las visitas del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron con este requisito establecido.
Fuente: andina.pe  

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