El 32% de los
procesos de compra, almacenamiento y entrega de canastas de víveres para las
familias vulnerables de 561 municipalidades supervisadas por la Contraloría no
presentan ningún tipo de observación, señaló hoy el organismo de control.
Del total de municipios intervenidos en este
megaoperativo de control, 91 son provinciales y 470
distritales de todo el país.
Los hechos detectados están asociados principalmente a
las deficiencias en la distribución de canastas que se
presentaron en 130 municipios (23% del total), tales como la falta de padrones
de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega,
personal edil sin equipos de protección, entre otros.
En segundo lugar, se ubicó la demora en los
procesos para adquirir los víveres en un total de 113 municipalidades
(20% del total). En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron
en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e
incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.
También se detectó que 86 municipalidades (15% del
total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido
principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o
sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser
distribuidos.
Otro hecho detectado por los más de 400 auditores que intervinieron en el control, fueron
las deficiencias en los productos adquiridos por 33
municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias en el
peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de
inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones,
entre otros.
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió
detectar las deficiencias y comunicarlas a las autoridades ediles con el fin de
que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor
transparencia al proceso.
En Lima, la labor de control de la Contraloría permitió
alertar que en el distrito de San Juan de Lurigancho había 20 canastas que
tenían menos productos de lo establecido, lo cual fue advertido a la
municipalidad para que el proveedor cumpla con completar el contenido de dichas
canastas.
Por otro lado, al momento de la visita de los
auditores, el 32% (179) de municipios se encontraban en la fase de
implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de
canastas a las familias vulnerables beneficiarias, mientras que 15
municipalidades (3%) culminaron con la distribución de canastas de víveres.
En menor medida se detectaron casos de sobrevaloración
de precios de víveres adquiridos, la ausencia de funcionarios que
imposibilitó realizar las visitas de control, proselitismo en la
entrega de canastas y la entrega de canastas a familiares de autoridades y funcionarios ediles, lo cual será
establecido en los respectivos informes de control que se publicarán
progresivamente en la página web de la Contraloría.
Solo en Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total
de 50 municipalidades, entre las cuales figuran dos municipios provinciales y
48 distritales.
Al interior del país, la mayor cantidad de
municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (57), Puno (43),
Cusco (43), Piura (39), Arequipa (38), Huancavelica (32), La Libertad (30) y
Lambayeque (25).
También se supervisaron municipios en Amazonas (19),
Ayacucho (19), Apurímac (17), Ica (17), Lima Provincias (17), Junín (16),
Ancash (15), Tacna (12), Cajamarca (12), Pasco (11), Tumbes (11), Ucayali (9),
Moquegua (9), Huánuco (8), Madre de Dios (8) y Loreto (4).
De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los
municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las
adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias
beneficiarias.
Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados
a los gobiernos locales deberán estar orientados a la contratación de bienes
que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o
publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u
organización política en particular.
Asimismo, los auditores de la Contraloría están
apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades
en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia
Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema
Nacional de Control.
En las visitas del Mega Operativo de Emergencia
Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron
con este requisito establecido.
Fuente: andina.pe
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